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Desde la ley Roudy de 1983, los poderes públicos han optado por hacer de la negociación colectiva el método preferido para aplicar la igualdad profesional entre mujeres y hombres. Por ello, el Estado confía a los interlocutores sociales la responsabilidad de definir y aplicar esta acción pública. El propósito de este artículo es examinar una doble tensión en la política pública de igualdad profesional. En primer lugar, puesto que fue concebida para ayudar a las empresas a diagnosticar las desigualdades existentes en su organización y proponer medidas adaptadas a su situación, ¿cómo se explica que dé lugar a textos y medidas relativamente homogéneos, cualquiera sea el contexto local y los sectores de actividad? La segunda tensión de la política de igualdad se refiere a su aplicación: dejada al criterio de los directivos y de los departamentos de RR. HH., poco formados en materia de igualdad profesional, las medidas implementadas tienden a favorecer un enfoque individualizado de la igualdad, destinado sobre todo a mejorar los resultados de la empresa.