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La difusión internacional de los pagos por servicios ambientales (PSA) fue interpretada en 2010 por el gobierno boliviano de Evo Morales como una respuesta estrictamente neoliberal a la necesidad de garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales. Bajo la hipótesis de que, con el tiempo, se desestimaría toda regulación que no fuera la del mercado –bien se aplique a la naturaleza o a las relaciones entre las personas–, el establecimiento de los PSA no recibió el apoyo de las autoridades nacionales bolivianas. Sin embargo, se han puesto en marcha proyectos de PSA, entre los que se encuentran los Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA), una asociación público-privada en el departamento de Santa Cruz. Mediante el análisis de su concepción y su funcionamiento a través del prisma del marco de referencia de Polanyi, mostramos que, contrariamente a los temores gubernamentales, estos PSA no desatienden las lógicas organizativas recíprocas y redistributivas, ajustando un objeto global al contexto local.