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Si bien sigue siendo una actividad emblemática del ejercicio de la soberanía, el control de las fronteras se realiza cada vez más con el apoyo de empresas privadas. Basándose en una investigación esencialmente etnográfica, esta contribución ofrece una lectura sociológica del proceso que condujo a la adopción de la cooperación público-privada para aplicar la política Schengen de visados en los consulados. El artículo muestra qué configuraciones de los actores privados y públicos están detrás de la delegación de «tareas administrativas» a empresas privadas. Siguiendo la evolución de esta política, desde los entornos europeos hasta los ministerios nacionales y las organizaciones privadas y públicas que la llevan a la práctica, este artículo pone de relieve el desfase entre el marco que entiende la cooperación como estrategia de mejora del servicio público y la lógica estatal de esta elección. En un contexto de reforma de las normas europeas, los estados signatarios del tratado de Schengen han utilizado la cooperación con empresas privadas para otros fines: reducir los costos del control europeizado, deshacerse de la carga de la aplicación, aliviar la responsabilidad de los gobernantes.